LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE UNA SOCIEDAD INSOLVENTE CON UN ÚNICO ACREEDOR
20 diciembre, 2017
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Según la normativa mercantil, parecía de difícil encaje que existiera una culminación del proceso de liquidación de una compañía mercantil y su posterior extinción (con el otorgamiento de la correspondiente escritura pública) mientras la sociedad mantuviera deudas frente a terceros.

Para este supuesto el procedimiento habitual y ya establecido venía a ser el concurso de acreedores, a través del que se procedía a la liquidación de la compañía, y en su caso y concluido el mismo, la extinción de ésta.

Pues resulta que en fecha 1 de agosto de 2016, la Dirección General de los Registros y del Notariado emitía una Resolución con la que se posibilita un nuevo cauce para la liquidación y extinción de una empresa insolvente aunque en unas circunstancias muy concretas.

Esta Resolución procede de un caso en el que una empresa tiene un sólo acreedor y activo insuficiente para hacer frente a la deuda y con base en esto se hace este interesante razonamiento:

“Antes de la entrada en vigor de la Ley Concursal, la mayoría de la doctrina y el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de enero de 1984, consideraron imprescindible la existencia de pluralidad de acreedores para la declaración de quiebra o la admisión de la solicitud de suspensión de pagos.

Aunque la vigente Ley Concursal no exige expresamente que exista una pluralidad de acreedores para que se declare a un deudor en situación concursal, la mayoría de los comentaristas infieren la existencia de tal presupuesto no sólo de la propia Exposición de Motivos sino de los numerosos preceptos que se refieren a esa pluralidad de acreedores. Así, también se considera con base en la naturaleza y los principios del procedimiento, que éste no se dirige a satisfacer a un acreedor individual, ya que éste cuenta con el proceso de ejecución singular. Así, según el párrafo quinto del apartado II de dicho Preámbulo, «el nombre elegido para denominar el procedimiento único es el de «concurso», expresión clásica que, desde los tratadistas españoles del siglo XVII, fundamentalmente de Amador Rodríguez («Tractatus de concursu», 1616) y de Francisco Salgado de Somoza («Labyrinthus creditorum concurrentium», 1646), pasó al vocabulario procesal europeo y que, por antonomasia, describe la concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común…». Según el artículo 2.1 la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del «deudor común» (de lo que evidencia la existencia de varios acreedores); y se refieren a los acreedores, en plural, los artículos 3.1, 3.4, 4, 6.2.4.º, 19.3, 21.1.5.º, 21.4, 27.1.3.º, 36.1, 36.7, 48.5, 49, 51.1, 54.1, 55.4, 56.1, 57.3, 72.1, 75.2.2.º, 76 y siguientes, entre otros.

Por tanto, la cancelación de tales asientos en cualquier caso no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de la misma. La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación (artículo 398 de la Ley de Sociedades de Capital).”

Pues bien, encontrándonos en una situación similar a la descrita procedimos a seguir los mismos pasos ante el registro Mercantil de Lugo y éste no puso impedimento alguno y procedió a liquidar y extinguir esta empresa dejando así el camino abierto a que otras empresas puedan optar por esa vía.